MARCO JURIDICO

índice.jpgEsta medio tiene  como finalidad, la publicación del desarrollo doctrinal y jurisprudencial del proceso penal venezolano, regulado por el Código Orgánico Procesal Penal.

 


ANÁLISIS DE LA DETENCIÓN Y LA PRIVACIÓN JUDICIAL EN LA LOPNA 2012

Joel Antonio Rivero

El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que:

“La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1.Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”
El artículo 44.1 de la Constitución establece la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, lo cual implica que por su carácter primario cualquier menoscabo del mismo, debe ser interpretado de forma restrictiva, por exigencia del principio “pro homine” en materia de interpretación de los derechos humanos. Por tal motivo, dicho derecho constitucional –el de la libertad personal-, solamente puede ser menoscabado por razones que tengan el mismo rango, siendo que se prevé como legitima la limitación cuando así lo disponga una orden judicial, a menos que la persona sea sorprendida en la comisión de un hecho previsto en la ley como delito (artículo 49.6 constitucional), significando ello que, en materia de la libertad personal, existen dos principios de obligatorio cumplimiento para que cualquier detención sea legítima: la reserva legal y la reserva judicial.

El principio de la reserva legal implica que, ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no estén previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes –artículo 49.6 de la Constitución-, por su parte, el principio de la reserva judicial consagrado en el artículo 44.1 Constitucional, cuya única excepción es la aprehensión en flagrante delito.

        De tal modo, de ambos principios se colige que las llamadas detenciones administrativas repugnan al orden constitucional, debido a que la Constitución obliga a que toda limitación del derecho a la libertad personal, debe provenir de una orden emanada de un juez con las debidas garantías del debido proceso, y no de autoridad administrativa alguna.

Al respecto, la Sala Constitucional ha precisado:
“… que el artículo 44.1 Constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a no ser detenida o arrestada sino en virtud de una orden judicial, salvo que sea sorprendida in fraganti delito”;

“… que, a la letra del precepto constitucional señalado, no es posible el arresto por vía administrativa-disciplinaria, ya que la detención de cualquier persona debe provenir de una orden judicial”; y

“… que el derecho a la inviolabilidad de la libertad personal consagrado en el señalado artículo 44.1 de la Constitución, no se vea menoscabado en los casos de los arrestos disciplinarios, ya que la limitación del derecho que deviene en dichos casos, se encuentra preservada por los principios de la reserva legal y la judicial”.

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.185, en fecha 8 de junio de 2015, en específico al Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, se hace necesario analizar, a la luz del artículo 44.1 constitucional, las instituciones de la “Aprehensión en flagrancia”, la “Detención preventiva”, y la “Prisión preventiva como medida cautelar”, reguladas en los artículos 557, 559 y 581, respectivamente, en la citada ley.

A los fines de interpretar la nueva normativa de la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en primer lugar, es necesario escudriñar en la Exposición de Motivos de la citada Ley, el espíritu y propósito del legislador.

En tal sentido, al referirse, en forma general, a los aportes que puede generar la reforma, la Exposición de Motivos, señala:

Los aportes generados por esta reforma parcial se inscriben nítidamente en los preceptos generales del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que determina nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un marco multidisciplinario de análisis, estudio y debate con la participación de instituciones públicas y movimientos sociales, que permitió que este proyecto se nutriera de perspectivas que renuevan y mejoran las convicciones de los y las adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal. Ello demanda, sin duda, abandonar tendencias punitivas y represivas, para avanzar, en el marco de la Doctrina de protección Integral, a una justicia juvenil verdaderamente restaurativa, garante de los derechos y promotora de una efectiva incorporación a la ciudadanía activa de nuestros jóvenes. La aplicación del Sistema Penal de Responsabilidad, debe estar orientado con una visión holística de protección al adolescente en conflicto con la ley, a los fines de desarrollar dispositivos que permitan fortalecer en él valores de ciudadanía que contribuyan a su efectiva inclusión social
Igualmente, al referirse a las instituciones reformadas, que tienen relación con el derecho a la libertad, expresa que en ella:
Se condiciona la privación preventiva de libertad y otras medidas cautelares (artículos 557, 558, 559, 560, 561, 564, 566, 581 y 582) La detención es una medida de último recurso de duración limitada y aplicable sólo a casos excepcionales expresamente establecidos en la Ley, en razón de ello, la reforma precisa los supuestos de procedencia de la misma.
Se revisan y se corrigen fallas en el proceso penal que inciden en los derechos constitucionales de los adolescentes, sometidos a investigación. Se salvaguarda el derecho a la libertad suprimiendo modalidades de detención que contravienen el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello implica, suprimir los artículos 584, 587, 652, 653 y 669; y modificar los artículos 585, 593, 604 y 608 de la Ley, así como precisar los supuestos de procedencia de la medida de privativa de libertad, en garantía del Derecho a la Libertad y el Debido Proceso de los y las adolescentes.
Asimismo, señala la Exposición de Motivos que:
“La aplicación del Sistema Penal de Responsabilidad, debe estar orientado con una visión holística de protección al adolescente en conflicto con la ley, a los fines de desarrollar dispositivos que permitan fortalecer en él valores de ciudadanía que contribuyan a su efectiva inclusión social”; por lo que se demanda, por parte de los operadores de justicia, el abandono de “…tendencias punitivas y represivas, para avanzar, en el marco de la Doctrina de protección Integral, a una justicia juvenil verdaderamente restaurativa, garante de los derechos y promotora de una efectiva incorporación a la ciudadanía activa de nuestros jóvenes”.
De la exegesis de la Exposición de Motivos, se colige que la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debe interpretarse de forma integral con el ordenamiento jurídico venezolano, en especial, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, el artículo 537 de la misma Ley, dispone: “En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este Título, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal”
Por otra parte, en la interpretación de las normas que limitan la libertad personal, reguladas por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debe tenerse en cuenta, en relación con el artículo 44 constitucional, el artículo 548 eiusdem, que dispone:

Artículo 548. Excepcionalidad de la privativa de libertad. Salvo en la detención por flagrancia, la privación de libertad, sólo procede por orden judicial, en los casos, bajo las condiciones, y, por los lapsos previstos en esta ley.
La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del o la adolescente, de su padre, madre, responsable o su defensa.
El Capítulo II del Título V, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, regula el procedimiento penal para la determinación de la responsabilidad del adolescente; en tanto que, la Sección Primera de dicho capítulo, trata de la investigación, define su objeto y regula la actividad a ser cumplida en esta fase, dándose especial atención al régimen de libertad al restringirse la detención a situaciones límites, previstas en los artículos 557 y 559 que son:
1. La detención o aprehensión en flagrancia

Al respecto, cabe señalarse, que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no define lo que debe entenderse como delito flagrante. Por lo tanto, en aplicación del artículo 537 eiusdem, se debe acudir al concepto contenido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual:

“… se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima, o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión (…) En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada”

Ahora bien, el procedimiento de la aprehensión o detención en flagrancia, lo regula el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los siguientes términos

Artículo 557. Detención en flagrancia. El o la adolescente detenido o detenida en flagrancia será conducido, o conducida de inmediato ante el o la fiscal del Ministerio Público quien, dentro de las veinticuatro horas siguientes lo o la presentará ante el juez o la jueza de control y le expondrá cómo se produjo la aprehensión.

Si el juez o la jueza de control decreta la aplicación del procedimiento abreviado, a solicitud del Ministerio Público, remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al juez o la jueza de juicio. Admitida la acusación y antes de la celebración del juicio, el juez o la jueza de juicio instará a las partes a la solución del conflicto mediante la aplicación de fórmulas de solución anticipada, en cuanto fueren procedentes, asimismo, se le impondrá lo previsto en el procedimiento por admisión de los hechos contemplados en la presente ley. El o la fiscal, y, en su caso, el o la querellante, deberá presentar la acusación cinco días antes de la fecha fijada para el juicio oral, la cual no podrá celebrarse en un lapso no menor de cinco días ni mayor de diez días, y se seguirá, en lo demás, por las reglas del procedimiento ordinario en fase de juicio.

En la audiencia de presentación del o la adolescente detenido o detenida en flagrancia, el juez o la jueza de control resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva sólo en los casos en que proceda, conforme al artículo 581 de esta ley.

De no acordarse el procedimiento abreviado se ordenará que se prosiga con la investigación y se acordarán las medidas cautelares para asegurar las resultas del proceso.

Conforme al encabezamiento de la citada norma, el fiscal del Ministerio Público deberá presentar, ante el Juez de Control, al adolescente detenido en flagrancia dentro de las veinticuatro horas siguientes, exponiendo, en la audiencia correspondiente, como se produjo la aprehensión; y, según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento abreviado u ordinario, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida.
Dispone el segundo aparte, del citado artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, “En la audiencia de presentación del o la adolescente detenido o detenida en flagrancia, el juez o la jueza de control resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva sólo en los casos en que proceda, conforme al artículo 581 de esta ley”
En efecto, en la audiencia de presentación el Juez de Control, al decretar el procedimiento abreviado, con respecto a la libertad del adolescente, tiene dos (2) opciones: a) la aplicación de una medida cautelar para asegurar la comparecencia a juicio; y b) “decretar la prisión preventiva, sólo en los casos en que proceda, conforme al artículo 581 de esta Ley”
Ahora bien, no dispone nada la norma en que término debe realizarse la audiencia de presentación; sin embargo, somos del criterio que debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a tal como lo señala el artículo 559 in fine de la misma ley.
De acordarse el procedimiento ordinario, el Juez de Control, deberá: a) ordenar “que se prosiga con la investigación”; y, b) acordar “las medidas cautelares pertinentes para asegurar las resultas del proceso”
2. Detención o aprehensión a solicitud del Ministerio Público
El artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dispone:
Artículo 559. Detención preventiva. El o la fiscal del Ministerio Público podrá, excepcionalmente, solicitar la detención preventiva del o la adolescente, sólo en los supuestos a que se refiere el artículo 581 de la presente Ley. En caso de ser acordada la solicitud, el juez o la jueza de control librará la correspondiente orden de aprehensión. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión del o la adolescente, el juez o jueza de control oirá a las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
De la exégesis de la presente norma, se desprenden tres (3) supuestos, a saber:
a) Que el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar, excepcionalmente, la detención preventiva del adolescente, siempre que se cumplan los requisitos señalados, taxativamente, en el artículo 581 de la misma Ley, que dispone:
El Juez o la Jueza de Control podrá decretar la prisión preventiva, del imputado o la imputada cuando exista:
a.- Un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita;
b.- Fundados elementos de convicción para estimar que él o la adolescente ha sido autor o autora o participe en la comisión de un hecho punible;
c- Riesgo razonable de que él o la adolescente evadirá el proceso;
d.- Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas;
e.- peligro grave para la víctima, denunciante o testigo.
Parágrafo Primero: Esta medida no procederá sino en los casos en que, conforme a la calificación dada por el juez o la jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 628 de la presente Ley (…)

Ha señalado Binder que:
“No se puede aplicar la prisión preventiva si no existe un mínimo de información que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del hecho y de la participación del imputado en él. Éste es un límite sustancial y absoluto; si no existe siquiera una sospecha racional y fundada acerca de que una persona puede ser autor de un hecho punible, de ninguna manera es admisible una prisión preventiva” (Binder, Alberto. Introducción al Derecho, p. 99.)
b) Que el fiscal del Ministerio Público, podrá solicitar una orden de aprehensión del adolescente, siempre que se cumplan los requisitos señalados, taxativamente, en el artículo 581 de la misma Ley; y
c) Que el Juez de Control, deberá resolver “Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión del o la adolescente”, si ratifica la detención o sí la sustituye por una medida cautelar menos gravosa, de las señaladas en el artículo 582 eiusdem.
De tal modo, que las normas contenidas en los artículos 557 y 559 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, facultan al Juez de Control para decretar la privación de libertad del adolescente que, según la doctrina especializada, son susceptibles de ser reseñadas bajo dos criterios determinantes: a) garantizar la presencia del adolescente en el proceso; y, b) asegurar el éxito de la investigación.
2.1. Presentación del acto conclusivo
Regula el artículo 560 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el término en que el fiscal del Ministerio Público debe concluir la investigación y presentar el correspondiente acto conclusivo, una vez que se haya ordenado la detención judicial preventiva del adolescente. En tal sentido, dispone:
Artículo 560. Detención y acusación. Ordenada judicialmente la detención, conforme al artículo anterior, el o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los diez días siguientes. Vencido dicho lapso sin que se haya presentado la acusación el juez o la jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad.
De la inteligencia de esta norma, se colige que la detención preventiva dictada en la fase de investigación, además de excepcional, es de duración limitada. En consecuencia, si el fiscal del Ministerio Público, no presenta el acto conclusivo (acusación) dentro de los diez (10) días siguientes a la detención judicial preventiva del adolescente, decae automáticamente la medida de detención preventiva, debiendo el juez de control decretar una medida cautelar que no genere privación de libertad.

3. La detención preventiva como medida cautelar
La Sección Tercera, Capítulo Segundo, Título V de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de regular la acusación y la audiencia preliminar, igualmente, regula en el artículo 581 los requisitos de procedencia para el decreto de prisión preventiva como medida cautelar, en los siguientes términos:
Artículo 581. Requisitos de procedencia para el decreto de prisión preventiva como medida cautelar. El Juez o la Jueza de Control podrá decretar la prisión preventiva, del imputado o la imputada cuando exista:
a.- Un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita;
b.- Fundados elementos de convicción para estimar que el o la adolescente ha sido autor o autora o participe en la comisión de un hecho punible;
c- Riesgo razonable de que él o la adolescente evadirá el proceso;
d.- Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas;
e.- peligro grave para la víctima, denunciante o testigo.
Parágrafo Primero: Esta medida no procederá sino en los casos en que, conforme a la calificación dada por el juez o la jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 628 de la presente Ley. Se ejecutará en entidades de atención, donde los adolescentes procesados deben estar separados o separadas de los y las ya sancionados y sancionadas.
Parágrafo Segundo: La prisión preventiva no podrá exceder de tres meses. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o la jueza de control que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar, que no genere privación de libertad.
De tal modo que, en el auto de enjuiciamiento el Juez de Control deberá decidir sobre la medida cautelar más conveniente para asegurar, en el caso concreto, la comparecencia a juicio del imputado, a cuyo efecto se le suministra una variada gama de posibilidades que encuentran su forma más gravosa en la prisión preventiva, medida excepcional que procede únicamente cuando exista riesgo razonable de evasión, temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas o peligro grave para la víctima, el denunciante o el testigo.
Además, el decreto de la medida de prisión preventiva de libertad, conforme al artículo 581 de la Ley especial, está sujeta a dos (2) condiciones, una de procedibilidad, contenida en el Parágrafo Primero de la citada norma, cuando dispone que: “Esta medida no procederá sino en los casos en que, conforme a la calificación dada por el juez o la jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 628 de la presente Ley”; y la otra, de duración, contenida en el Parágrafo Segundo del artículo 581, cuando dispone que: “La prisión preventiva no podrá exceder de tres meses”; por lo que, si transcurridos los tres meses con el adolescente en prisión preventiva, y el juicio no ha concluido con sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar. Es decir, que se produce el decaimiento de la medida de privación preventiva de libertad.
Esta regulación equilibra la presunción de inocencia con el deber del Estado de asegurar el enjuiciamiento, de modo que se concibe gradualmente las medidas de coerción personal de restricción de libertad, una vez dispuesto el enjuiciamiento y mientras concluye el juicio, en atención a los principios de la proporcionalidad y necesidad.
Como se colige de la lectura del artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la prisión preventiva de libertad se concibe como una medida cautelar susceptible de ser acordada por el Juez de Control en el auto de enjuiciamiento, lo cual conlleva a concluir, que su decreto es una vez finalizada la audiencia preliminar.
Al respecto la Corte hace las siguientes consideraciones:
Resulta oportuno indicar, que la Detención Preventiva prevista en el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, sólo puede ser acordada por el Juez de Control en la fase de investigación, a petición del Fiscal del Ministerio Público, si se cumplen los requisitos del artículo 581 ejusdem, y a su vez, que el delito imputado responda a alguno de los hechos punibles enunciados en los literales a) y b) del artículo 628 ibidem.
En modo alguno se debe confundir la figura de la detención preventiva que establece el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, con la prevista en el artículo 581 eiusdem, que se impone con ocasión al auto de enjuiciamiento, una vez celebrada la Audiencia Preliminar, pues esta última implica ya la declaratoria de haber mérito para el enjuiciamiento del adolescente imputado, al admitirse la acusación contra él presentada, según lo indica la exposición de motivos de la referida Ley. Sobre esta base, para el momento de llevarse a efecto la audiencia preliminar, el Juez de Control verificará la conveniencia y procedencia de decretar la prisión preventiva (Art. 581 LOPNA), pues, si mantiene la detención de aseguramiento dictada para garantizar la presencia del adolescente y asegurar el éxito de la investigación; que, por lo tanto, no es una medida de prisión preventiva.
Se evidencia pues, que la detención en flagrancia (Art. 557 LOPNA) y la detención preventiva (Art. 559 LOPNA), constituyen subdivisiones de la denominada “detención preventiva”, la cual está circunscrita a la fase de investigación y no requiere la comprobación simultánea del fumus boni iuris, el periculum in mora y del principio de proporcionalidad, en los mismos términos de la “prisión preventiva” (Art. 581 LOPNA), ubicada en la Sección Tercera del Capítulo II, Título V de la Ley especial.
Al respecto, la Corte Superior de la Sección Penal de Adolescente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, según Resolución N° 187 de fecha 04 de junio de 2002, ha dejado plasmada la distinción entre aprehensión, detención y prisión preventiva, de la siguiente forma: “Entiende pues la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente la aprehensión, como un modo de intervención del imputado, para apersonamiento compulsivo al proceso, la detención como una medida judicial de carácter precautelar y brevísima con fines de aseguramiento para la investigación y la prisión preventiva como una medida judicial cautelar, con fines de aseguramiento para el juicio.”
De este modo, el artículo 560 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone que:
Artículo 560. Detención y acusación. Ordenada judicialmente la detención, conforme a al artículo anterior, el o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los diez días siguientes. Vencido dicho lapso sin que se haya presentado la acusación el juez o la jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad.
Aclarada la diferencia existente entre la detención para asegurar presencia del adolescente en el juicio y la efectividad de la investigación (Artículo 559 LOPNA) y la prisión preventiva como medida cautelar (Artículo 581 LOPNA), corresponde revisar el iter procesal de la presente causa, a los fines de resolver la incidencia planteada.
En tal sentido, de la relación contenida en el acápite I de esta decisión, se observa:
Que la detención preventiva de los adolescentes de autos, se materializó el día 27 de febrero de 2015;
Que el Ministerio Público presentó la acusación el día 3 de marzo de 2015, es decir, dentro de las noventa y seis (96) horas a siguientes del dictado de la medida de detención judicial, conforme al artículo 559 de la Ley reformada;
Que la fijación de la fecha de celebración de la Audiencia Preliminar, se realizó el día 15 de mayo de 2015, es decir, Setenta y tres (73) días después de haberse presentado la acusación;
Que el día 25 de mayo de 2015, fecha fijada para la celebración de la audiencia preliminar, la misma fue diferida para el día 17 de junio de 2015, a solicitud del Ministerio Público, a pesar de estar presentes todas las partes, sin que conste, en el Acta respectiva, el motivo del diferimiento;
Que en virtud del reposo médico concedido al juez de la causa, en fecha 16 de junio de 2015, el Tribunal no Despachó; por lo que, por auto de fecha 22 de junio de 2015, se fijó la audiencia preliminar para el día 11 de agosto de 2015.
Del iter procesal, antes relacionado, se constata:
1. Que, desde la fecha en que se fijó la celebración de la audiencia preliminar (15-05-15), hasta la fecha en que se materializó su realización, trascurrieron ochenta y ocho (88) días; y
2. Que desde la fecha en que decretó la detención preventiva (27-02-15), hasta la fecha en que se realizó la celebración de la audiencia preliminar (11-08-5) transcurrieron ciento sesenta y cinco (165) días, es decir, Cinco (5) meses y doce (12) días.
Cabe señalar que, esta Corte en decisión de fecha 15 de septiembre de 2915, expediente Nº 295-15, determinó: “…que el único decaimiento de medida que puede ocurrir en fase de investigación, es el contenido en el artículo 560 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se le concede al Ministerio Público un lapso para presentar el respectivo acto conclusivo (acusación), siendo éste dentro de los diez (10) días siguientes a la detención, distinto a las noventa y seis (96) horas que consagraba la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de 2007…”
Que, igualmente, en edición de esa misma fecha, en el expediente Nº 296-15, esta Corte determinó, que es a partir de la fecha en que el Juez de Control decrete la privación preventiva de libertad, en el acto de la audiencia preliminar, cuando se “inicia el transcurso del tiempo procesal indicado de tres meses, para que pueda operar el pretendido decaimiento de la medida”, de conformidad con el artículo 581 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”
Doctrina que se ratifica por esta decisión.
Por las razones que anteceden, y en virtud que la medida judicial de detención preventiva, dictada durante la investigación, no debe confundirse con la prisión preventiva prevista en el artículo 581, pues esta última implica la declaratoria de haber mérito para el enjuiciamiento del adolescente imputado, al admitirse la acusación contra él presentada.
En este supuesto, en el auto de enjuiciamiento, el Juez de Control debe dictar la medida cautelar necesaria para asegurar que el imputado no se evadirá y comparecerá al juicio oral, pudiendo decretar su prisión preventiva só1o en casos excepcionales, que la disposición puntualiza; siendo que, en el caso de marras, en el mismo acto que se denegó el decaimiento de la medida de detención preventiva, la jueza a quó, admitió la acusación formulada por el Ministerio Público en contra de los adolescentes (identidad omitida por razones de Ley), por la presunta comisión del delito de Robo Agravado de Vehiculo Automotor, en grado de coautoría; y ratificó la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con el artículo 581 de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; por estar incluido, el señalado delito, en el literal b) del artículo 628 eiusdem; en consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, por considerar que la decisión recurrida se encuentra ajustada a derecho; ya que, conforme a la doctrina de esta Corte, antes citada, el lapso de tres meses, para que decaiga la medida de privación preventiva de libertad, de conformidad con Parágrafo Segundo del precitado artículo 581, comenzó a correr a partir del día 11 de agosto de 2015. Y así se decide.
No obstante lo anterior, debe aclarar esta Corte, en primer lugar, que las causas generadas desde la entrada en vigencia de la reforma en cuestión, se hace necesario, por parte de los operadores de justicia (llámense Fiscales del Ministerio Público, Defensa (privada o pública) o Jueces de Control y Juicio) la diligencia en la revisión constante de los lapsos o términos procesales que la ley ha fijado en salvaguarda del derecho de libertad de los adolescentes, a los fines dar respuesta oportuna ante la vulneración de este derecho. En cuanto a las causas vigentes, para el momento de la entrada en vigencia de la reforma de la ley, y, en las que se haya dictado medidas de detención, debe hacerse la revisión en cada caso concreto, ponderando el principio de proporcionalidad y el íter procesal del mismo, para no caer en lo que la Exposición de Motivos denomina: “tendencias punitivas y represivas”; contrarias al principio de afirmación de la libertad, contenido en la parte in fine del ordinal 1º del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y desarrollado en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara.
DISPOSITIVA
Por las consideraciones antes expuestas, esta Corte Superior de la Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado LUIS ALBERTO AROCHA VILLANUEVA, Defensor Público de los adolescentes imputados (se omiten los nombres por razones de ley); SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada y publicada en fecha 11 de Agosto de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 01, de la Sección Adolescente, del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, sede Guanare, y TERCERO: Se acuerda la REMISIÓN INMEDIATA de las presentes actuaciones al Tribunal de procedencia para que se le dé continuidad al proceso.

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